Otro país verde olivo

Hace treinta años, con el fin de las dictaduras militares en América Latina, se perfiló una tendencia a la profesionalización de los ejércitos que parecía definitiva. La institución castrense era percibida como un actor fundamental de los diversos autoritarismos de la Guerra Fría. Hoy, aquel camino heredado de las transiciones democráticas de fin de siglo está siendo severamente cuestionado. 

 Los dos fenómenos más reconocibles de militarismo de nueva derecha, que no por casualidad comparten una mirada de similar recelo ante las narrativas de la transición, han sido los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador. Más recientemente, el gobierno de Javier Milei ha anunciado una reforma de su política de seguridad que reforzaría el papel del ejército en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las mafias y las pandillas. 

 El próximo 21 de abril, en Ecuador, se celebrará un referéndum constitucional, que de triunfar, introduciría un enfoque militarista de la seguridad nacional, con algunos elementos en común con el modelo salvadoreño. El primer punto de la consulta popular pregunta a los ecuatorianos si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. 

 Más adelante, el referéndum ecuatoriano, que tendrá lugar en medio de la adversa reacción internacional contra la incursión militar en la embajada de México en Quito, propone incrementar las penas contra delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y lavado de activos. El presidente Daniel Noboa fue de los primeros mandatarios de la región en felicitar a Nayib Bukele por su reelección y éste ha sido el único en abstenerse en la OEA, ante la resolución que condena el asalto a la embajada mexicana. 

 Pero la historia de la remilitarización de América Latina estaría sesgada si sólo tomara en cuenta el aumento de poder de los ejércitos bajo los gobiernos de la nueva derecha. Un libro reciente, editado en México por la editorial Grano de Sal y titulado Érase un país verde olivo, describe en detalle el notable incremento de funciones de las Fuerzas Armadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y Morena. 

 Los autores (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar), académicos de primer nivel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, documentan que, a través de la Ley de la Guardia Nacional, los militares aumentaron sus competencias en investigación y persecución de delitos, sin que se reporten por ello beneficios en el combate a la violencia y la inseguridad. 

 Apuntan, a su vez, que en este sexenio se han reportado 104 actos de militarización, cuarenta más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En los últimos años, el Ejército y la Marina han pasado a administrar entidades civiles como los aeropuertos, las aduanas, los puertos y las estaciones migratorias y se han hecho cargo de grandes obras de infraestructura como el Banco del Bienestar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 

 El proceso de militarización en México responde a los crecientes retos a la autoridad del Estado que plantea la aguda crisis de seguridad que se vive en toda América Latina y el Caribe. Los autores ven antecedentes del fenómeno en la tradición populista, que trazan entre el varguismo y el peronismo y los gobiernos bolivarianos de principios del siglo XX. 

 Las últimas revoluciones del siglo XX, especialmente la cubana y la nicaragüense, también crearon su propio militarismo. Cuba produjo uno de los ejércitos más poderosos del área, en su tensión permanente con Estados Unidos, que llegó a librar campañas regulares en países africanos como Angola y Etiopía. La revista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba se llama, justamente, Verde Olivo, y en los años 70 jugó un papel destacado en el control ideológico de la cultura de la isla. 

 Aunque esa continuidad histórica con las izquierdas populistas y revolucionarias latinoamericanas pueda sostenerse, es inevitable pensar la remilitarización mexicana en el contexto más amplio de un giro regional en las políticas de seguridad, donde también se inscriben las nuevas derechas. La vuelta de los militares es un fenómeno transversal en América Latina y el Caribe, que avanza por igual desde la izquierda o la derecha.

Las guerras simultáneas

Basta hojear las páginas internacionales de algunos periódicos para convencernos de que la inseguridad que vivimos es planetaria y no de una ciudad, un país o un continente. Con pocos días de diferencia Israel bombardeó un edificio diplomático de Irán en Siria, generando promesas de represalias por parte de estos dos países, mientras Kim Jong Un lanzaba un misil balístico supersónico intercontinental, que puso en alarma máxima a Corea del Sur. 

 Las dos principales guerras que tienen lugar ahora mismo, la de Rusia en Ucrania y la de Israel en Gaza, se vuelven cada vez más intensas y letales sin que la comunidad internacional sea capaz de detenerlas o desescalarlas. Lo peor es que esas dos no son las únicas guerras: hay otras en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Nigeria, Myanmar y Siria. 

 La posibilidad de que Armenia podría incorporarse a la Unión Europea, a partir de unas declaraciones del líder de la Asamblea Nacional de ese país, Alen Simonyan, en el contexto de su conflicto con Azerbaiyán, por el control de Nagorno-Karabaj, ha desatado una oleada de reacciones furiosas en el sistema de comunicación ruso y pro-ruso. El anuncio menos predecible de una eventual incorporación definitiva de Ucrania a la OTAN, por parte del Secretario de Estado, Antony Blinken, atiza aún más el conflicto, mientras el respaldo de Washington a Israel produce todo tipo de fricciones en el mundo. 

Dentro de Estados Unidos, la creciente oposición a ese respaldo ha llevado al presidente Joe Biden a demandar a Benjamín Netanyahu respeto a la vida de civiles en Gaza. En la reciente reunión de la OTAN en Bruselas, con motivo de sus 75 años, predominó un discurso triunfalista que no augura nada bueno. El subido tono del aniversario se debe, por un lado, a la inevitable respuesta a las amenazas contra la Alianza Norte por parte Donald Trump, en su camino de regreso a la Casa Blanca. Pero, por el otro, elude, bajo el apoyo a Ucrania, la gravedad de la situación en Palestina. 

 Buena muestra de la adversidad global contra la ofensiva de Israel en Gaza ha sido la declaración conjunta de los gobiernos de Francia y Brasil durante la visita del presidente Emmanuel Macron al gran país suramericano. Brasil y Francia reclaman abiertamente un cese al fuego y denuncian las resistencias a las resoluciones de la ONU desde Estados Unidos. La OTAN y la Unión Europea, especialmente Alemania dentro de ésta última, no parecen comprender algo apuntado por Richard N. Haass en The New York Times, hace algunas semanas, y es que la falta de resolución diplomática para poner fin a la guerra en Gaza debilita la estrategia atlántica a favor de Ucrania. 

El carácter irreductible de estas guerras simultáneas vuelve a poner en evidencia la estructura multipolar del mundo en la tercera década del siglo XXI. Pero esa coexistencia de poderes globales y regionales no hace más seguro al mundo, como comprobamos en estos días. En principio, siempre parecería preferible un sistema internacional menos hegemónico, pero si las instituciones encargadas de asegurar la paz no funcionan, el multipolarismo no es necesariamente beneficioso. 

No se trata únicamente de los vetos de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU. La nueva competencia por el reparto del mundo gana agresividad en un momento de crisis del paradigma de la democracia constitucional, que durante las décadas posteriores a la Guerra Fría fue el gran aliciente para la instalación de los mecanismos de paz global. 

Aunque muchos partidarios de la pugna geopolítica no lo vean así, ambas cosas están correlacionadas: el aumento de la inseguridad mundial y la proliferación de nuevas autocracias. Un sistema internacional garante de la paz sólo es posible bajo un consenso básico en torno a ciertas normas de gobernabilidad democrática. Cuando la construcción de ese consenso procede de manera unilateral y hegemonista su efecto es desfavorable.