Ahora que la Alta Comisionada de
Naciones Unidas, Navi Pillay, ha ordenado una investigación sobre el
linchamiento de Muamar Gadhafi, tal vez podamos ganar mejor comprensión del
daño que ha causado al derecho internacional la “guerra contra el terror”
emprendida por Estados Unidos y sus aliados europeos en la última década. Pocos
ponen en duda que Estados Unidos debía reaccionar a los atentados del 9/11 y actuar
contra Al Qaeda, pero pocos, a la vez, comparten que esa reacción se extendiese
a una guerra injustificada contra Irak y a la puesta en práctica de elusiones del
derecho internacional.
Al siempre
cuestionable rechazo de Washington al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional
de La Haya, habría que agregar la paradoja, confirmada en los dos últimos años,
de que bajo la administración de Barack Obama, líder demócrata que llegó a la
presidencia criticando el unilateralismo de Bush, se hayan producido las
ejecuciones, sin el menor apego a las normas del derecho internacional, de los
líderes de Al Qaeda, Osama Bin Laden y Anwar Awlaki, este último, ciudadano
norteamericano, ultimado en Yemén por un avión no tripulado de la CIA. En época
de Bush, objetor del Estatuto de Roma, Sadam Hussein fue ejecutado luego de un
proceso judicial.
Si algo
identifica al terrorismo islámico y a las dictaduras del Medio Oriente,
derrocadas por las recientes revoluciones árabes, es el desprecio por las
normas jurídicas globales. El linchamiento de Gadhafi, tirano emblemático de
esa parte del mundo, aunque a manos de rebeldes libios, fue celebrado por los
altos mandos de la OTAN y por el propio gobierno de Estados Unidos. Se produce
así una convergencia entre los métodos del terrorismo y el antiterrorismo,
propia de rivales en una guerra irregular, que resulta contraproducente para
los fines de la promoción de la democracia y el Estado de Derecho en el mundo.
Vincent Warren,
director del Center for Constitutional Rights, una organización que defiende un
marco jurídico global, basado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en la propia Constitución de Estados Unidos, y que ha cuestionado las
detenciones ilegales en Guantánamo, pero también la violencia doméstica, los
feminicidios, la homofobia, el racismo y la represión de disidentes en diversos
países africanos, latinoamericanos y del Oriente Medio, ha sugerido, con razón,
que una ejecución extrajudicial ordenada por Washington es un aval formidable
para la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del planeta.
La sudafricana
Navi Pillay, graduada como Barack Obama de la Harvard School of Law, que por
años luchó contra el apartheid en su país, que ha denunciado los atropellos a
los derechos femeninos en los regímenes islámicos y que trabajó en la Corte
Penal Internacional de La Haya, tal vez pueda ayudar a esclarecer los daños que
el antiterrorismo ocasiona al derecho internacional. Daños que, en su peor
dimensión, refuerzan la tendencia a construir dictaduras subalternas, que
violan derechos humanos en nombre de un estado de excepción o un yihadismo
global, en regiones pobres y desiguales del mundo.





